Mensaje a la opinión pública sobre el Informe en materia de Justicia Cotidiana

 

27 de abril de 2015. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) junto con 17 instituciones desarrolló, por encomienda del Presidente Enrique Peña Nieto, un ejercicio plural de consulta en materia de justicia cotidiana que tuvo como propósito fortalecer al Estado de derecho mediante incentivos institucionales para hacer efectivos los derechos de las personas y resolver, de manera pacífica y ordenada, los conflictos propios de la vida democrática.

Por justicia cotidiana se entienden las instituciones y procedimientos que permiten que las personas tengan acceso efectivo y expedito a una justicia que les permita resolver los conflictos que surgen de la convivencia cotidiana. Estos incluyen, entre otros, los asuntos laborales, familiares, civiles, mercantiles, vecinales  y administrativos. Se consideró que la materia penal no forma parte de la justicia cotidiana.

A partir de testimonios presentados por ciudadanos se lograron identificar los problemas en materia de justicia cotidiana y proponer un conjunto de recomendaciones al titular del Poder Ejecutivo y de manera más amplia a todos los poderes de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). En esta consulta participaron 425 personas expertas en 15 foros presenciales en 12 ciudades y se generó una plataforma interactiva (www.justiciacotidiana.mx).

La consulta permitió exponer a la luz pública un problema olvidado –el acceso a la justicia– que incide en la calidad de vida de los mexicanos, el ejercicio de los derechos humanos, el desarrollo económico y la consolidación del Estado de derecho.

A pesar de los avances que pueden constatarse en el marco institucional, la mayoría de los mexicanos no tienen un acceso adecuado a la justicia. Uno de los problemas identificados es el gran desconocimiento que tienen las personas sobre sus derechos y las vías para ejercerlos.

El catálogo de problemas encontrados es largo, heterogéneo y complejo, por ello se recomiendan 217 acciones que constituyen la base para elaborar una política pública para mejorar el acceso a la justicia en el Estado mexicano.

Dentro de estas recomendaciones resalta una agenda prioritaria de cuatro temas para acercar la justicia a las personas:

La creación de centros de asistencia jurídica temprana y su posible evolución en defensorías públicas,

  • La regulación de los servicios que prestan los abogados y mecanismos que faciliten establecer su responsabilidad profesional,
  • La revisión del diseño y operación de las juntas de conciliación y arbitraje y, finalmente,
  • La creación de un nuevo modelo de justicia familiar

Los dos primeros temas buscan incidir en mejorar la disponibilidad y calidad de la asistencia que requieren las personas de profesionales del derecho cuando tienen que recurrir a los tribunales. Los otros dos son áreas sensibles que hoy enfrentan serios problemas.

Dado que la consulta identificó que la responsabilidad de asegurar el acceso a la justicia de calidad está fragmentada en muchas instituciones, y la mayor parte de ellas pertenecientes al ámbito estatal, se propone que el Presidente de la República convoque a una instancia nacional de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe una política pública de acceso a la justicia, con la agenda prioritaria descrita. En dicha instancia deberán estar representados todos los poderes en los tres niveles de gobierno, órganos constitucionales autónomos (INEGI, CNDH), así como la academia y la sociedad civil.

El diseño de esa política pública no es condición para iniciar acciones que mejoren el acceso a la justicia. Por ello el CIDE también recomendó, tanto al Presidente como a los gobiernos estatales, un conjunto de acciones que pueden ser implementadas en el corto plazo y que permitirían mejorar las condiciones de acceso a la justicia.

Al Presidente se le propuso, entre otras acciones, el diseño de una estrategia para que los mexicanos conozcan sus derechos y las vías para ejercerlos, la creación del defensor de la Mypimes así como medidas específicas para las trabajadoras domésticas y los migrantes. A los gobiernos de los estados se les recomendó considerar la creación de jueces itinerantes y de barandilla, acelerar la oralidad en materia mercantil, así como la elaboración de protocolos de actuación para que los directores de escuelas conozcan cómo actuar en caso de conflictos.

Finalmente, el ejercicio también identificó un conjunto de medidas para fortalecer la independencia y mejorar sustantivamente la calidad y las capacidades institucionales de los poderes judiciales de las entidades federativas.

La justicia cotidiana debe tener un papel central y de largo plazo en la agenda pública nacional. De ella depende que los acuerdos se cumplan, que las personas puedan reivindicar sus derechos y que quienes los violenten o incumplan sus obligaciones tengan consecuencias. El objetivo es combatir la impunidad y contribuir a generar una plataforma de confianza para los mexicanos.

El CIDE, institución del sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT, refrenda su compromiso con la generación de conocimiento en ciencias sociales que informe el debate público y la toma de decisiones sobre los problemas nacionales.

El informe completo y las recomendaciones están disponibles en www.justiciacotidiana.mx y en www.cide.edu

Otros documentos:

Ver discursos de Ana Laura Magaloni (CIDE),  Pedro Salazar (IIJ-UNAM) y de Sergio López Ayllón, (CIDE)

 Contacto para entrevistas:

Jorge Israel Hernández
jorge.hernandez@cide.edu

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