“La política migratoria mexicana hacia Centroamérica”

 

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Los fenómenos asociados a la movilidad humana en la región Mesoamérica-Norteamérica vienen acompañados de un sinnúmero de riesgos y de la violación reiterada de los derechos humanos de las personas migrantes. Los migrantes en tránsito por nuestro país -tanto mexicanos como guatemaltecos, salvadoreños y hondureños entre otras nacionalidades- han estado en un contexto de vulnerabilidad, al tener que enfrentar múltiples riesgos y ser víctimas de violencia y otros abusos por parte de grupos criminales tanto como de autoridades mexicanas.

En años recientes la situación se ha agravado dramáticamente. Lo anterior obedece a varios factores, siendo el principal de ellos el aumento en la violencia e inseguridad, y el incremento de la presencia del crimen organizado en México y Centroamérica. El informe recientemente publicado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) “Migrantes invisibles, violencia intangible” refiere que “los principales delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos a personas migrantes, registrados por la Red, están vinculados al derecho de propiedad privada (robo), derecho a la integridad física (lesiones) y libertad personal (detenciones arbitrarias). Los agentes que más violan estos derechos son la policía federal y municipal. Cabe destacar que la Marina, el Ejército y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), el principal delito que cometen es el de la extorsión” (REDODEM, 2014).

La vulnerabilidad de las personas migrantes de la región y la violación a sus derechos humanos no sólo se da en el tránsito, sino también en los procesos de detención y deportación. Como parte del endurecimiento de las políticas migratorias se han establecido más puntos de revisión a lo largo y ancho del territorio mexicano, así como un número mayor de estaciones migratorias mismas que se encuentran rebasadas en su capacidad de alojamiento.

El 8 de julio de 2014, a raíz de los flujos masivos de niños migrantes no acompañados que buscaban llegar desde Centroamérica a Estados Unidos atravesando el territorio mexicano, se expidió el decreto de creación de la Coordinación Integral para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, que incluye a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, y Quintana Roo. Dicha Coordinación debe procurar la implementación de acciones para el respeto y protección de los derechos humanos; favorecer el tránsito seguro y ordenado de los flujos migratorios; mejorar la infraestructura migratoria así como fomentar la cohesión social y la convivencia armónica con base en el Estado de Derecho. No obstante, los factores estructurales subyacentes que originan la migración persisten por lo que se prevé que los flujos continúen y las violaciones a los derechos humanos de las comunidades migrantes se prolonguen.

En los hechos, figura un enfoque policíaco centrado en la interdicción del paso de migrantes por México. El despliegue de agentes migratorios, de las fuerzas armadas y de la policía federal ha llevado a detenciones y deportaciones sin precedentes de migrantes centroamericanos, sin que a la vez seamos capaces de protegerlos del crimen organizado. Lo anterior configura una crisis no sólo de la política migratoria, sino en la capacidad del Estado mexicano de hacer valer sus propias leyes.

El Sistema de Centros públicos de investigación de CONACYT es un conjunto de 27 instituciones de investigación que abarcan los principales campos del conocimiento científico y tecnológico. Entre sus objetivos mandatados por el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 están el generar conocimiento científico y promover su aplicación a la solución de problemas nacionales así como contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.

Con esta conferencia, los tres centros públicos de investigación y educación superior especializados en ciencias sociales convocantes esperan contribuir al desarrollo del país a través de la generación de conocimiento riguroso y relevante para resolver los grandes temas económicos, políticos y sociales de nuestro tiempo y en nuestra región.

 

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